22 de Agosto de 2018

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Qué hay detrás de las reformas económicas que plantea el Gobierno

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El fracaso de la sesión del jueves 14 de diciembre en Diputados, en la que se intentaba votar la Reforma Previsional, estuvo acompañado de un clima de represión que no le es gratis al gobierno.

La sesión fallida para el tratamiento de las reformas previsional y tributaria se había adelantado una semana, lo que da cuenta de la urgencia que tiene el Ejecutivo por aprobarlas antes de fin de año.

El proyecto que pretendía votarse forma parte de un paquete de reformas que sirven para profundizar el modelo económico, que planteó el gobierno luego de haber sido reafirmado mediante el voto popular en las elecciones de octubre.

Los proyectos se engloban bajo los títulos de reformas tributaria, laboral, previsional y el Pacto Fiscal entre la Nación y las provincias

Reforma Tributaria

Para el martes 18 de diciembre está prevista una nueva sesión extraordinaria para el tratamiento del resto de las reformas.

El oficialismo necesita sumar 23 votos para lograr las 129 adhesiones que necesita para asegurarse la aprobación de las leyes. Actualmente, cuenta con 106 integrantes.

El Ministro Nicolás Dujovne justifica los puntos de la reforma bajo el lema de que el actual sistema tributario es distorsivo. Hilando fino, podemos entender que todos los impuestos son distorsivos, aunque esto puede no estar necesariamente mal.

Lo que sí está claro es que hay impuestos más o menos regresivos que, a la luz de la Reforma presentada, apuntaría a que los últimos se fortalezcan por sobre los primeros.

En los últimos dos años, la participación el IVA, uno de los impuestos más regresivos del sistema, está ganando participación por sobre el de Ganancias: mientras que en 2015, cada $120 recaudado por IVA se pagaban $100 de Impuesto a las Ganancias; en el 2017 la relación es de $143 de IVA, cada 100 de Ganancias.

El Proyecto de Reforma del Sistema Tributario Argentino ya cuenta con media sanción del Senado. Debido a su extensión, me limitaré a analizar el efecto macroeconómico que implican sus principales propuestas: rebaja en los aportes patronales en sueldos brutos de hasta $12.000, reducción de impuesto a las ganancias para empresas que no distribuyan dividendos, autorización de la deducción del impuesto al cheque en ganancias y la neutralización de los impuestos en cascada.

La mayor consecuencia negativa a la hora de analizar este proyecto, es la profundización del desfinanciamiento del Estado Nacional y los Provinciales: sólo contando la rebaja de los aportes patronales por parte de las empresas, la transferencia al sector privado en cinco años alcanzaría un 0,4% del PBI.

Es decir que en ese lapso de tiempo, el Estado dejará de percibir aproximadamente $77.675 millones por contribuciones patronales, que se quedarán de mano del sector privado.

Además, por fuera de la Reforma Fiscal, se dictó por decreto la quita paulatina de las retenciones a la soja, que se hará durante el 2018 hasta eliminarlas completamente para el 2019. Esto aporta al desfinanciamiento, cuya contrapartida es un ajuste de gasto público y más toma de deuda.

La desfinanciación del Estado Nacional tiene como contrapartida una baja en la carga tributaria de las grandes empresas, con la justificación de que las mismas tendrán un incentivo a invertir y generar un efecto derrame al crear más trabajo, mecanismo en el que cuesta creer en esta coyuntura económica en la que la rentabilidad financiera es mucho mayor que la productiva.

Tal como sucede con el pequeño ahorrista en el contexto actual, el ahorro por parte de las empresas difícilmente se traduzca en inversión productiva.

En lo que se refiere a las provincias, la propuesta más importante es la neutralización de los “impuestos en cascada”, como son los que gravan a los cheques o el de Ingresos Brutos.

Los Ingresos Brutos aumentaron 1,4 puntos porcentuales con respecto al PBI entre 2006 y 2016. En las provincias, la recaudación impositiva significa el 44,8% de sus recursos totales, y el impuesto más relevante es el de Ingresos Brutos, que contribuye con un 76% de la recaudación total. De aprobarse la reforma tributaria, el costo fiscal para las provincias superará los 2,2 puntos del PBI en los próximos cinco años.

Si bien la eliminación de este impuesto significa un respiro para las PyMES relacionadas a la producción, ya que sufren la doble o triple carga de este tributo, va a desfinanciar a las Provincias, obligándolas a ajustar sus cuentas ya sea vía empleo público o bien endeudándose nuevamente, con el agravante de que las mismas no tienen la capacidad de emitir como sí lo puede hacer el Estado Nacional.

El resto de las reformas planteadas, agrupándolas en “seguridad social”, “renta corporativa” y “movimientos bancarios”, se pueden resumir en el siguiente cuadro:

Es interesante entender la contrapartida de la baja de impuestos, tal como hice foco en el principio de la nota.

Por otro lado, sería interesante hacer más foco en las fallas del Sistema Tributario Argentino, que allanan el camino para generar una alta evasión fiscal, lo que reduce los incentivos para aquellos que cumplen con el pago de los impuestos. Además, existe una reproducción sistemática de regímenes transitorios que comienzan como parches y se vuelven permanentes con el tiempo.

Pacto Fiscal

Uno de los principales puntos del Pacto Fiscal firmado por Nación y Provincias, cuyas leyes también aguardan una aprobación en el Congreso, se trata del tratamiento de la eliminación del artículo 104 de la Ley de Ganancias. El resultado dejó a algunas provincias más beneficiadas que otras, y a un claro perjudicado: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Para explicar un poco de qué se trata este punto, hay que remontarse a principios de los años noventa. En esos años, se destinaba el 20% de la recaudación del impuesto a las Ganancias al Sistema de Seguridad Social; 10% a la Provincia de Buenos Aires; 4% para el resto de las provincias distribuido por el Índice de NBI, otro 2% al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.

El 64% restante se coparticipaba entre Nación y Provincias. A partir del Pacto Fiscal de 1992, se estableció una detracción del 15% para el Sistema Previsional y, unos años después, se introdujo un límite al Fondo del Conurbano Bonaerense de 650 millones de pesos, para distribuir el resto del 10% entre las provincias que ya recibían el 4%.

Cuando se abandonó el régimen de convertibilidad, no se ajustó la suma de los 650 millones por la variación de precios y, actualmente, la PBA recibe menos del 1% del total del Fondo del Conurbano (FCB), que fue calculado en $64.000 millones estimado para 2018.

Para solucionar este desfasaje, el Pacto Fiscal propone eliminar el artículo 104 del Impuesto a las Ganancias, que refería a las asignaciones específicas para el Fondo del Conurbano, el Fondo de Necesidades Básicas Insatisfechas (FNBI) y la asignación de la ANSES, y volver a coparticipar el 100% del impuesto.

Buenos Aires quedaría como la principal beneficiaria del esquema, recibiendo $19,3 millones adicionales de forma automática. CABA también resultaría beneficiada porque, al no participar actualmente ni del FCB ni del FNBI, la coparticipación plena de ganancias mejoraría sus ingresos considerablemente (se calcula alrededor de $6 millones).

Para el resto de las provincias, lo que recibirán de adicional por la ampliación de la masa coparticipable por Ganancias no compensa lo que pierden por el saldo del Fondo del Conurbano. La principal provincia perjudicada sería Salta, con una caída de sus ingresos estimada en $2 millones que, de cualquier manera, el Gobierno Nacional compensará.

Además, se acordó direccionar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como compensación a la ANSES por la pérdida de esta eliminación. Existe una intención de eliminar este impuesto hacia el 2022, aunque no está planteado en la reforma.

Por último, el Gobierno compensaría a las Provincias que se encuentren perjudicadas con el nuevo sistema de transferencias corrientes.

Nuevamente, analizándolo en materia macroeconómica, la compensación por la pérdida de este fondo podría alcanzar los $17,5 millones en 2018, otra erogación por parte de la caja del Estado Nacional.

En contrapartida, el ANSES recibe, en el esquema actual, el 20% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias. Por la cesión de los recursos coparticipables, recibe un 30% del Impuesto a Créditos y Débitos.

Para 2018, estos ingresos hubiesen representado alrededor de $115 millones. El Gobierno propuso compensarlo aumentando el beneficio del 70% al 100% de lo recaudado por el Impuesto a Créditos y Débitos, principalmente el Impuesto al Cheque. Esto permitiría compensar menos que lo que pierde (alrededor de $52.000 millones).

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