20 de Febrero de 2018

Las compañías, bajo la ley de responsabilidad penal empresaria

Valora este artículo
(0 votos)

Por Hernán Carnovale. En marzo entra en vigencia la Ley 27.041. Antecedentes, ilícitos y sanciones que contempla.

En el marco del compromiso asumido por Argentina en 1997 en la Convención Internacional sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) —en el camino de convertirnos miembros plenos de esta institución— el Congreso sancionó en noviembre la Ley 27.401, más conocida como “Ley de Responsabilidad Penal Empresaria”.

Con esta Ley, por primera vez en nuestro país, las personas jurídicas son directamente pasibles de recibir sanciones penales, condenándolas por delitos contra el Estado. Pero esta ley no solo penaliza sino que también incentiva la introducción de prácticas de prevención a través de programas de integridad, sistemas de control, la autodenuncia y la figura de cooperación.

La Ley entrará en vigencia el próximo 1° de marzo y desde su sanción empresas de todo porte iniciaron una carrera contrarreloj para ajustar sus políticas a las directrices de esta normativa, ya que aunque un porcentaje cada vez más creciente de organizaciones cuentan con políticas robustas de ética y transparencia, pocas de ellas hacen referencia a la prevención de corrupción, fraude y sobornos en interacción con el sector público.

Alcances Los delitos que contempla la nueva norma están relacionados al vínculo entre el sector privado y el público-estatal y son el cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances, imponiendo como sanciones multas que serán de dos a cinco veces la ganancia obtenida ilegalmente por la empresa (con su correspondiente difícil tarea de cuantificarlo), suspensión total o parcial de actividades (sanción que incluso puede llegar a tener un impacto económico para la empresa más dañino que la primera), prohibición para participar en concursos o licitaciones estatales, pérdida o suspensión de los beneficios estatales, y la disolución y liquidación de la personería solo en los casos en que hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito.

A modo de eximición o graduación de penas, se tendrán en cuenta las políticas implementadas por la compañía para la prevención de este tipo de ilícitos, pero cobra especial importancia para aquellas entidades que contraten con el Estado, en cuyo caso la implementación del Programa de Integridad o de Compliance es de carácter obligatorio.

Los componentes esenciales de este Programa son la elaboración o revisión de un código de conducta y de políticas orientadas a prevenir la comisión de los delitos contemplados en la Ley, así como también la realización de capacitaciones periódicas sobre este Programa.

Los restantes componentes son igualmente claves a la hora de determinación de una pena porque serán considerados a modo de graduación de las mismas.

Entre dichos componentes encontramos el análisis periódico de riesgos, apoyo visible e inequívoco al Programa por parte de la alta dirección y gerencia, canales internos de denuncia y políticas de protección de denunciantes, sistemas de investigación interna, procedimientos que comprueben la integridad y reputación de terceros (incluyendo proveedores y agentes o intermediarios) o socios de negocios, la debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, monitoreo y evaluación continua del Programa de Integridad y la asignación de un responsable interno a cargo de la coordinación y supervisión de este Plan.

Esta tendencia implica un cambio de foco empresarial de la Detección a la Prevención, aplicable también para las nuevas resoluciones de la UIF contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, y que no solo se trata del actual requerimiento estatal sino que también se corresponde con exigencias internacionales, siendo muchas veces necesario para una empresa local postularse como proveedora de ciertas multinacionales el cumplimiento de estándares que sirvan de “garantías” de su cultura de cumplimiento y buen gobierno corporativo, atrayendo así a inversiones extranjeras.

La implementación del Programa de Integridad puede ser aprovechado por las empresas en el caso de que éstas maximicen las ventajas que este cambio cultural en el ámbito empresarial pueda tener tanto a nivel interno —detraimiento de ocurrencia de conductas fraudulentas o irregulares, disminución de pérdida económica como consecuencia de ellos, fortalecimiento de controles internos la graduación de penas, etc.—; como a nivel externo —un mejor posicionamiento en el mercado (habilitando contratación con el Estado o empresas multinacionales) elevando su consideración reputacional.

La transformación que deben llevar a cabo las empresas no será un esfuerzo imposible e incluso permite la integración de una metodología basada en riesgos con otras acciones que ya se hayan adoptado a nivel organizacional.

Muchas tienen gran parte de los componentes implementados; el desafío en este caso será reunirlos, adaptarlos a los requerimientos provistos, a los riesgos propios de la organización y a su formalización.

El camino será largo y quedan aún varios grises por resolver, pero sin duda las correctas adecuaciones empresariales y aplicaciones judiciales acompañarán esta ardua tarea de convertir a Argentina en un país cada vez más transparente, acorde al contexto global.

Hernán Carnovale es socio de Forensic Services de KPMG

Fuente: clarin.com

Comentario en Facebook

Copyright 2012 © - Todos los derechos Reservados | Design by ideas2.com.ar