18 de Noviembre de 2018

Mensajeros y repartidores en moto: la “ilegalidad en dos ruedas”

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Por Juan Pablo Chiesa. El fenómeno mundial, del reparto de productos alimenticios “delivery” y mensajero repartidor, en varios países se expandió mediante el uso de aplicaciones para teléfonos celulares que ayudan a los usuarios a pedir sus servicios de manera rápida y efectiva.

Pero, al mismo tiempo, desde el punto de vista del derecho del trabajo y protección del empleo genuino, no hay relación de dependencia. Los repartidores están completamente desprotegidos de toda tutela laboral, sindical, cobertura médica y principalmente, siendo una de las actividades más riesgosas, ART.

La actividad laboral de este rubro entiende: el Mensajero repartidor domiciliario con motocicleta propia; el mensajeo repartidor domiciliario de comercio electrónico, el mensajero repartidor domiciliario sin moto propia; el mensajero repartidor domiciliario ciclista y el repartidor de productos alimenticios domiciliario con o sin mota propia. Esta actividad está regulada por dos Sindicatos. Por un lado, la Asociación Sindical de Motociclistas, mensajeros y Servicios CCT 722/15 (ASIMM), y por el otro, el sindicato de Servicios Rápidos CCT 329/2000.

Ambos sindicatos protegen la actividad de reparto de mensajería y de productos alimenticios con una escala salarial básica de $20.107 (promedio) con un jornal de 190 horas mensuales, mas adicionales como ser, presentismo (14%); días de lluvia pagos y la amortización del rodado, en los casos que la moto sea propia del empleado. Asimismo, cuentan con capacitación gremial, cursos y entrega de ropa y casco al inicio de cada año.

Estos sindicatos tutelan a mas de 5.000, Capital Federal, trabajadores que prestan servicios arriba de una moto y reparten desde sobres, bolsines y comida todos los días de la semana con un alto riesgo de accidentes y uno de los índices de robo mas importantes de la Ciudad.

En la Capital Federal, entre las empresas que tiene su actividad principal la mensajería o el reparto de productos alimenticios, el volumen de las mismas es bastante escaso, y en algunos casos, los costos para un local de comida rápida son excesivos.

Una empresa percibe por cada hora de servicio de reparto de comidas alimenticias, la suma promedio de entre los 180 a 220 pesos.

En el caso de mensajería o productos no alimenticios, los costos van desde 130 a 150 pesos por pedido.

Sus empleados, trabajadores registrados, perciben el básico de convenio, cobertura de salud, aportes jubilatorios y ART, siendo su valor hora, aproximadamente de $110 mas adicionales.

Este encuadre gremial, que lleva instalada desde que el aquel Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el día 30 de julio de 2009 otorga la personería gremial a ASIMM, alineado en este entonces al Sindicato de Camioneros liderado por Hugo Moyano, y el gremio de Servicios Rápidos que, en ese entonces, no contaba con la tutela del repartidor de productos alimenticios, tutela incorporada en el año 2015, son Gremios que, poco a poco, fueron cuidando a los trabajadores que se sacrifican todos los días en las pesadas calles de buenos aires.

En este sentido, en octubre de 2009, nace “Pedidos Ya”, fue la primera del estilo delivery colaborativo en desembarcar en el país y encontrarse con conflictos sindicales, pero adaptaron su modelo ilegal y que, actualmente, todos sus repartidores son empleados de la empresa, pero, a medio tiempo.

Luego de que el mercado del “reparto” sea monopolizado por “pedidos YA”, comenzaron, los últimos 8 años, el armado de empresas nacionales dedicadas a la actividad de mensajería o de reparto de comida a domicilio.

La gran mayoría, y escasas, de estas empresas cumplían con el mandato gremial y contaban con sus “motoqueros” registrados y con las mínimas condiciones laborales.

Tengamos en cuenta, que desde sus inicios, la actividad del “motoquero” siempre fue mirada con malos ojos por una sociedad prejuiciosa y sin condiciones dignas de trabajo.

NO obstante, el monopolio de “pedidos YA” y las pocas empresas que prestan servicios de reparto o mensajería, desembarca a principios de este año en nuestro país, capitales brasileros y colombianos con intenciones de copar un buen mercado, en total desprotección laboral.

Así nace, primero GLOVO, RAPPI y TREGGO en la argentina.

Los glovers, empresa española, aterrizo en Argentina a principios de 2018, son mensajeros independientes conectados a una plataforma virtual con una modalidad mediante una aplicación en tu celular.

Actualmente, en capital federal como en gran buenos aires, ya existen más de 1000 glovers sin encuadre legal laboral.

Como funciona:

Una persona que desea hacer un pedido de comida a su domicilio o enviar algún paquete a otra dirección sin moverse de su casa, mediante una APP de su celular, ingresando a la APP de Glovo se desliza un listado de lugares donde tenes la intención de solicitar tu servicio y por un radar zonal, se asigna un cadete que, al mismo tiempo compra, con su propio dinero, tu pedido y te lo lleva a tu domicilio. El repartidor gana $35 por pedido mas su propina.

Los glovers, quienes son monotributistas, son los encargados de llevar esos pedidos. La empresa GLOVO cobra una comisión de la tarifa a los usuarios, prestadores del servicio, que varía entre el 3 y el 10 por ciento de su venta mediante la aplicación de una cuenta en giro, con un deposito inicial, que es pura ganancias para estas empresas irregulares.

Luego, se sumo a esta “irregularidad” modalidad, la empresa Colombiana “Rappi”.

Este servicio, de elite, tiene un nivel barrial reducido y especifico.

Actualmente están el barrio de Palermo, Abasto y Recoleta.

Los “rappitenderos” son pocos menos de 1.000 trabajadores sin registración laboral y tiene, exactamente, la misma modalidad que los Glovers.

Los envíos cuestan, todos, $35, sea restaurantes o cosas de supermercado.

Esta empresa colombiana pone su foco exclusivamente en el uso de envíos a domicilio en bicicleta, su gran mayoría, y su valor es, también de $35 por pedido más propina.

Por último, para terminar de cerrar la precariedad laboral en nuestro país, no podía faltar la empresa argentina “Treggo”.

Esta última es algo diferente porque en realidad lo que ofrece es, únicamente, un servicio de mensajería (no reparto de alimentos).

Los trabajadores de estos servicios “fantasmas” no están encuadrados en ningún Convenio colectivo de trabajo ni cuentan con un básico de convenio y adicionales como en derecho corresponde.

Son trabajadores independientes, la mayoría empujados al monotributo, pagos por ellos mismos, y se los trata como dependientes cuando fallan en el servicio o no cubren las expectativas de las empresas “fantasmas”.

Tal como ocurren en las apps para pedir autos o taxis, (UBER) el usuario recibe todos los datos del mensajero junto con su foto y puede hacer un seguimiento en tiempo real en el mapa.

Cuando el destinatario recibe el envío debe firmar, de forma digital, en la pantalla del celular del mensajero. Al hacerlo, le llega la notificación de forma inmediata al cliente que mandó el paquete o sobre.

Estas empresas “ilegales” Comparten la filosofía de modelo de “crowdshipping” o economía colaborativa, al estilo Uber, esta modalidad consiste en aprovechar el viaje de una persona para que lleve o traiga un paquete de un lado a otro.

En julio de este año, por primera vez en nuestro país, hubo una manifestación contra estas “ilegalidades”, esta primera manifestación laboral fue contra “Rappi”.

Los reclamantes indicaron que se trata de una profesión de alto riesgo, ya que pedalean sus bicicletas por algunos de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires con mayor tránsito para poder cumplir con la entrega a domicilio de diferentes productos, que pueden adquirirse en restoranes, locales de comida rapida y en supermercados, entro otros.

Además, cuestionaron a la empresa porque “los controlan”, ya que si no aceptan un viaje porque están lejos o porque se encuentran descansando, “no les llegan nuevos pedidos o les reducen los pagos”. Que paso con los tres requisitos de la Relacion de dependencia consagrada en el artículo 23 de la LCT: Dependencia técnica, económica y jurídica.

Conclusión

La mayoría de mas de los 2000 trabajadores “monotribustitas”, en total precariedad laboral, Son extranjeros, y se presentan como independiente, pero carecen de una cobertura de salud, aportes jubilatorios, vacaciones aguinaldos y por supuesto, accidentes laborales.

Se encuentran fuera de todo convenio colectivo de trabajo que corresponde y que en la legislación laboral argentina “no está permitido ese modelo de empleo laboral”.

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NO hay relevamiento ni inspecciones de AFIP ni del Ministerio (Secretaria) de trabajo. Y acá, tenemos un fuerte sector que golpea al empleo registrado.

Desde mi experiencia, y como abogado/asesor directo de muchas de las empresas de reparto de servicios y de comidas rápidas, estamos frente a un gran mercado comercial, muy explotado por la sociedad, y manipulado ilegalmente por empresas virtuales “fantasmas” que carecen de personería jurídica, registral impositiva y por supuesto, total precariedad laboral en desmedro de más de 2000 trabajadores.

En materia de accidentes de trabajo, tenemos un índice superior a cualquier otra actividad laboral, siendo el “motoquero”, junto a la actividad de la construcción, la actividad más riesgosa a nivel de riesgos del trabajo y con el menor índice de registración laboral sin protección jurídica.

Se espera desde las autoridades del Gobierno hagan cumplir a las empresas “fantasmas” con la legislación laboral, impositiva y societarias y dejen de articular sus negocios sobre la base de la clandestinidad laboral en deterioro de sus empleados.

 

Juan Pablo Chiesa es Abogado Doctrinario Laboralista (UBA).
Asesor y analista de opinión. Autor del libro “Los principios de la empresa y los Sueldos”.

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